Desde la llegada de la población migrante, la política municipal ha estado centrada en el diseño y la implementación de las políticas de integración y adaptación de los servicios y prestaciones a la nueva realidad que plantea la población migrante. No obstante, en los últimos años la irregularidad ha tomado una relevancia en el ámbito local que ha girado la balanza hacia la adopción de medidas que tienen que ver con las personas en situación irregular. Estas medidas pueden ser para mejorar la via de las personas o bien para ejercer un control migratorio a través de la prestación de los servicios o el control de la irregularidad.
El giro de la integración a la irregularidad viene determinado tanto por factores internos y vinculados a la relevancia que en los últimos años está tomando los partidos de extrema derecha, pero también a la reorientación de la política migratorio de la Unión Europea y de la gran mayoría de los Estados europeos. Además, la implementación del conocido como “entorno hostil” a través de la cual se pretende desarrollar políticas municipales con el objetivo de deteriorar las condiciones de vida de las personas migrantes en situación irregular y de esta manera ejercer un tipo de control migratorio interno. En el caso de España, por ejemplo, la gestión del padrón municipal o las reformas a los requisitos para acceder a las ayudas sociales son un claro ejemplo de ello.
La comunicación tiene como objetivo explicar cómo las ciudades han ido girando su política migratoria de la integración hacia la adopción de medidas de control interno de las personas en situación irregular. Para ello se analizará la influencia que ha tenido en este proceso tanto la política europea y nacional, así como la implementación del llamado “entorno hostil”.