Partiendo de etnografía en la Asamblea de Vecinos y vecinas de Ciutat Meridiana (“antiguo suburbio rojo” en la periferia de Barcelona) mayoritariamente compuesta por mujeres migrantes ocupando viviendas, observo la vulnerabilidad como un recurso institucionalizado con poder sobre el derecho a la vivienda. La eficacia de los mecanismos institucionales se ejerce especialmente sobre las personas de origen extranjero, cuyas dificultades representa para ellos su capital simbólico negativo (Bourdieu 1999). La construcción de la vulnerabilidad como una pieza fundamental en la exclusión social y residencial de sectores de la sociedad vistos como problemáticos (migrantes y periferia). La institución puede ser una herramienta para obtener ayudas estatales, así como el camino a una situación de vulnerabilidad aún mayor.
Observo la precariedad construida en la inseguridad social que endurecen las divisiones de clase como factores coyunturales (Wacquant 2011) que han llevado a las mujeres migrantes a ocupar pisos. Para mantenerse en los pisos ocupados, o conseguir un alquiler social, de protección oficial, se asocian a la asamblea del barrio, quienes asesoran en la burocracia debatiendo semanalmente los problemas de vivienda. Una de las herramientas burocráticas para la vivienda es el Certificado de Riesgo de Exclusión Social, obtenido de Servicios Sociales (una vez regularizada la documentación con Extranjería). El campo burocrático se caracteriza por el hecho de que el capital específico que allí se acumula y se disputa es un capital de tipo simbólico, ligado al reconocimiento institucional (Bourdieu 1993). La imposición institucional de la forma de estar en el mundo, de ver y concebir el mundo social, afecta las posibilidades de acceso a viviendas de las mujeres migrantes.
Usando casos etnográficos, argumento cómo las ayudas sociales establecidas para sacar alguien de riesgo de exclusión social son las mismas que pueden ponerlas en mayor riesgo de exclusión: residencial y social al excluirlas del barrio.