Actualmente, hay miles de personas no que no son reconocidas como ciudadanas por los Estados en los que viven, lo que se traduce en un estatus legal precario, sin acceso o con acceso limitado a los derechos, viviendo un proceso de ilegalización, lo que se ha considerado un sistema de “departheid” (Kalir 2019). Nuestro panel quiere examinar cómo se ha entendido y abordado la irregularidad a nivel local, en las ciudades, teniendo en cuenta diferentes agentes: instituciones locales, activistas y vecinos.
Tradicionalmente, la gestión de fronteras, las deportaciones o los procesos de regularización administrativa de las personas no reconocidas como ciudadanas se entendían como ámbitos de competencia de los Estados y la irregularidad era una cuestión de políticas y respuestas nacionales. No obstante, en las últimas décadas, las instituciones y organizaciones locales vienen ejerciendo un papel y un margen de intervención cada vez más importante (Fauser 2024, Lafazani 2021). El ámbito municipal lejos de ser un espacio ajeno o lejano al tratamiento de la irregularidad, cada vez resulta mas evidente que en el desarrollo de las políticas y en la prestación de sus servicios también ejercen como entidades o espacios en los que acaban en algunas ocasiones mejorando y en otras profundizando la precariedad que genera la irregularidad (Cherti, M. and Leon, L., 2015). Este fenómeno, sucede además en un contexto en el que son las leyes nacionales las que controlan la entrada, salida y la permanencia en los Estados de los migrantes, priorizando el control fronterizo y la soberanía estatal y, al mismo tiempo, negando y fragmentando los derechos fundamentales de las personas con estatuto legal precario. De manera que las ciudades suelen situarse como un espacio que favorece o profundiza la exclusión y el control marcado por la legislación estatal o por el contrario, se puede situar como un lugar en el que se minoriza o matizan las precariedad y exclusiones generadas por la regulación estatal.
Las instituciones locales y sus normativas, junto con los agentes que operan a nivel local, influyen directamente en la vida de las personas sin papeles que residen de facto en los barrios de las ciudades. Esta influencia tiene una relación directa con las condiciones de vida y se encuentra atravesada por legislación estatal en materia de extranjería que determina en gran medida el acceso a los derechos. Ahora bien, dejar en manos de la legislación de extranjería la situación de las personas irregulares es mostrar la mitad de la fotografía porque las prácticas, políticas o actuaciones a nivel local acaban introduciendo limitaciones al ejercicio de los derechos de las personas no nacionales o mejorando su posición.
Nuestro panel se propone examinar las diferentes políticas, iniciativas y prácticas locales en la producción o contestación frente a la irregularidad. Por un lado, buscamos explorar la relación entre las políticas locales y nacionales frente a la irregularidad. En la práctica, la relación entre dos ámbitos se desarrolla en un marco algunas veces de colaboración, otras de contestación o incluso de profundización de las exclusiones. De manera que la situación de la persona migrante está marcada por la determinación del llamado estatuto migratorio, así como por las propias políticas locales. Un segundo objetivo es examinar las tensiones entre la legislación nacional y las medidas locales y en qué medida estas han generado cambios o han reforzado el control marcado por las leyes de Extranjería.
Más allá de las políticas locales y el papel de las diferentes instituciones estatales tanto a nivel local como nacional en la creación de la (ir)regularidad, queremos analizar también las iniciativas y movilizaciones locales llevadas a cabo al margen del Estado. Estas van más allá de las preocupaciones humanitarias al desafiar la noción misma de ciudadanía (Gilbert, L., & Sotomayor, L. 2025) y proponer una ciudadanía arraigada en la residencia de facto en un barrio.
Algunas sugerencias en relación con las propuestas para nuestro simposio:
- Divisiones y competencias de las instituciones locales que favorecen o limitan el movimiento y permanencia de las personas extranjeras en las ciudades.
¿Actúan estas instituciones como un contrapeso de las políticas migratorias nacionales, las cuestionan o simplemente las replican? ¿Qué potencial tiene la división de competencias para disputar la creación de la irregularidad y las políticas violentas de frontera?
- A nivel local, ¿qué prácticas adoptan estas instituciones que podrían considerarse estrategias futuras para conseguir que las personas no reconocidas como ciudadanas accedan a sus derechos?
- ¿Estas políticas y prácticas locales crean un sistema paralelo basado en iniciativas humanitarias y el mantenimiento del acceso fragmentado a los derechos y recursos o facilitan la igualdad entre todos los residentes de una ciudad?
- ¿Existe una práctica de colaboración u oposición por parte de los servicios locales (policía local, servicios sociales) en la deportación o exclusión de migrantes en situación irregular de la ciudad?
- Prácticas de movilización local por parte de personas con un estatus legal precario y su reconocimiento.
- Desaparición social de las personas con un estatus administrativo precario.
- La instrumentalización discursiva y política de la irregularidad por los movimientos de extrema derecha.
Esperamos contribuciones basadas en investigaciones empíricas y ejemplos concretos de iniciativas para la regularización de las personas con estatuto legal precario, así como contribuciones teóricas en relación con la fragmentación de los derechos y las competencias del Estado en cuanto al control de la movilidad y permanencia de los extranjeros; iniciativas para contestar la ilegalización de las personas, tanto dentro de las ciudades como en las áreas rurales; el mundo social de la ilegalización; el papel de los agentes locales en las deportaciones; nuevas formas de ciudadanía en el caso de las personas con un estatus legal precario.