Poder policial y racionalidades jurídicas. Un estudio de caso en Buenos Aires

Partiendo del estudio de caso de una “causa armada” (o “montaje policial”) que condujo a una condena a prisión contra un trabajador de un barrio popular de Buenos Aires, esta comunicación se propone reflexionar sobre el ejercicio del poder estatal que despoja a ciertas categorías de personas del amparo del Derecho. La propuesta es dar cuenta de las racionalidades jurídicas que operan detrás de lo que se presenta como meras arbitrariedades cometidas por operadores judiciales, especialmente fiscales y jueces.

El análisis de la instrucción fiscal y de las sucesivas resoluciones permite diferenciar dos maneras en que se pone en acción la exclusión del amparo del Derecho durante el proceso penal. Primero, la presunción de culpabilidad y su contracara, un sostenido estado de indefensión, aparecen propiciados por obturaciones a las acciones de defensa emprendidas por allegados, familiares y activistas, así como por la omisión o la tergiversación de información presente en el expediente o enunciada en las audiencias. Segundo, en las resoluciones de jueces de instrucción, y especialmente en la sentencia, aparecen contradicciones lógicas que refuerzan al idea de que las decisiones judiciales responden a principios diferentes al de la indagación en búsqueda de la verdad jurídica.

Detrás las contradicciones lógicas en las que incurren los agentes del sistema pena, el análisis deja entrever una racionalidad que, en lugar de guiar el procedimiento penal a partir de la indagación de la verdad, sirve a una toma de decisiones fundada en un conjunto de pruebas ajenas al orden penal, pero semejantes a las utilizadas durante la Edad Media para la resolución de conflictos jurídicos: ordalías, pruebas orales y pruebas sociales.